LA REFORMA DE LA LEY DEL ORO
Diciembre, 2014
Existen dos corrientes de opinión con planteamientos contrapuestos sobre la Ley de Exploración y Explotación del Oro, nuevamente reformada, e incluida dentro de un grupo importante de leyes promulgadas vía Ley Habilitante en Noviembre de 2014. Esta Ley del Oro es conocida también como la "Ley de Nacionalización del Oro".
Por una parte están las opiniones de los voceros del Gobierno Nacional señalando las bondades de esta reforma, la cual, según ellos, permitirá, entre otras cosas: la extracción racional del oro con conciencia ecológica; la creación de empresas mixtas y alianzas estratégicas que favorezcan a la pequeña minería; la delimitación de áreas como Núcleos de Desarrollo Minero y la promoción de estímulos a la pequeña minería. Señalan además como ventaja, el hecho de que la entrega al Banco Central de Venezuela del oro explotado, permitirá respaldar las reservas internacionales. De acuerdo con la corriente de opinión contraria se ha señalado que, si con esta reforma existe la intención de aumentar las reservas internacionales, todavía queda mucho camino por recorrer y que, primeramente, habría que resolver la crisis que atraviesa el sector minero nacional. Adicionalmente la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, con relación al grupo de leyes antes referido, emitió un comunicado (El Universal-6/12/2014), en el cual se denuncia que: "se haya regulado, modificado, derogado o suprimido parte muy importante del ordenamiento jurídico del país, más allá de toda urgencia, sin el previo conocimiento de los proyectos, sin el estudio y la meditación adecuada de las nuevas normas que gobernarán a la comunidad, lo cual es la esencia de la democracia".
Lo cierto es que convertir el recurso oro de Guayana en oro monetario, como se pudiera pensar, no es tarea fácil. Primeramente, como ya se dijo, hay que solucionar la crisis del sector minero venezolano y no parece que sólo con la reforma realizada esto se pueda lograr. Enfrentar la crisis que atraviesa este sector implica un análisis en profundidad de los factores que obstaculizan su desarrollo y que aún persisten. Cuando se promulgó la Ley de Nacionalización del Oro en 2011, la figura de la "concesión minera", que es un derecho sólido, fue sustituida por la de "asignación", que es un derecho relativamente precario, ya que, según esta Ley, las acciones de las empresas no se pueden ceder, enajenar o traspasar, sin la autorización del ente estatal con competencia en la materia. A esto hay que agregar la obligatoriedad de constituir empresas mixtas con una participación estatal como mínimo del 55%, lo que implica el control de estas empresas por parte del Estado. Esta situación no ha cambiado con la reforma actual, lo cual conforma un cuadro altamente desalentador para la inversión privada, tanto en la gran y mediana minería, como en la pequeña minería en la que el estado de precariedad es aún mayor.
Todo esto ha traído como consecuencia la estimulación de la ilegalidad, la anarquía, como en el caso de Canaima, y el contrabando, restringiéndose la actividad legal a empresas puramente estatales. Por cierto que, estas empresas estatales han venido operando muy ineficientemente, como es el caso de Minerven, la cual se encuentra en este momento en una situación deplorable. Si a todo esto se agrega, la obligatoriedad, establecida en la nueva reforma, de entregar todo el oro producido al Banco Central de Venezuela, se pudiera suponer que, insistir en la aplicación de esta Ley, sin tomar otro tipo de medidas que estimulen la inversión y corrijan las fallas de funcionamiento de las empresas estatales, probablemente conducirá, a la profundización de la grave crisis que atraviesa la minería en Venezuela.
La denuncia de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales no es menos contundente. En el caso particular de la minería, cuyo ejercicio está asociado a importantes impactos económicos, sociales y ambientales, y la elaboración de las leyes que la rigen requiere la consideración de aspectos no solamente jurídicos sino también técnicos, es vital la participación y el diálogo entre todos los actores, es decir: el gobierno, la sociedad civil, los empresarios y la parte académica. Por cierto que, la iniciativa para actuar puede ser tomada por cualquiera de los factores involucrados, haciendo valer los derechos constitucionales que los amparan. Entre los aspectos que podrían analizarse estarían los siguientes: 1) La revisión y modernización del marco jurídico y reglamentario de la minería, tomando en consideración las tendencias que existen a nivel mundial sobre el ejercicio responsable de esta actividad; 2) El desarrollo de la capacidad institucional; 3) El desarrollo y la armonización de modernos sistemas de catastro, registro y de información geológico-minera; 4) La capacitación del recurso humano y el fortalecimiento institucional en la evaluación de los impactos socio-económicos de las explotaciones mineras; 5) Definir estrategias e implementar un plan de acción para encauzar la pequeña minería hacia la legalidad y la racionalidad; 6) La implementación de un programa de contraloría del Ejecutivo Nacional en asuntos mineros, como por ejemplo la gestión de la empresa estatal Minerven y los controversiales acuerdos establecidos con la empresa china Citic Group para la exploración geológica del país y para ejecutar el proyecto aurífero Las Cristinas
Adicionalmente se podrían aprovechar ayudas externas, como por ejemplo: 1) Los programas de apoyo del Banco Mundial (World Bank) para proyectos de reforma del sector minero; 2) Estudios como el realizado por el Instituto Fraser de Canadá (Survey of Mining Companies) y 3) Por instancias internacionales como el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible de la UNCTAD, o realizar eventos como: el Foro internacional Tendencias mundiales del sector minero y su impacto en el Perú - CEMS UP.
Finalmente, el avance de la industria minera es un tema estratégico nacional y es un problema que nos concierne a todos. Hacemos un llamado a la sociedad civil, a los empresarios, a las universidades, a las academias, a los gremios profesionales y especialmente a las instancias del Poder Público Nacional que tengan injerencia en la materia, a unir esfuerzos y prestar su contribución para enfrentar la grave crisis que atraviesa la minería nacional. Quedaría, pues, en las propias manos de los factores involucrados, emprender las iniciativas mediante las cuales se puedan lograr leyes que convengan al país y no a intereses particulares de grupos y se pueda a la vez ejercer una efectiva labor de contraloría sobre la gestión del Ejecutivo, incluida la contraloría social. Los resultados que se obtengan contarían con el agradecimiento de todo el país.