LA ASAMBLEA NACIONAL Y LA MINERÍA

Noviembre, 2015

Tanto desde el punto de vista legislativo como contralor,  al igual que en sus funciones de organizadora y promotora de la participación ciudadana en asuntos de su competencia,  la Asamblea Nacional debería prestar su contribución para mejorar la situación de la minería en Venezuela. Todo ello dentro de un ambiente saludable de separación de poderes del Estado.

Primeramente, como visión de largo plazo, el marco jurídico que regula la minería en Venezuela debe ser objeto de un proceso de revisión y análisis que permita ubicarlo dentro de la zona de conveniencia de los tres actores fundamentales de la actividad minera, que son: el Estado, las empresas mineras y la sociedad civil ⁽¹⁾. Todo esto debe hacerse, además, dentro de los principios de la minería responsable, es decir: desarrollo sostenible, equidad, toma de decisiones participativa, responsabilidad y transparencia, prevención, eficiencia, y responsabilidad del contaminador (principio “contaminador pagador”) ⁽²⁾, procurando siempre la adopción de los estándares que se aplican a nivel internacional para el logro de estos objetivos. La continuidad de este proceso en el tiempo permitiría realizar ajustes, cuando estos puedan ser requeridos, de acuerdo a la dinámica de la industria minera.

El inicio de estas actividades conduciría a la vez al diseño de estrategias y definición de acciones de corto plazo, por parte de la misma Asamblea Nacional, que faciliten la salida de la actual coyuntura. Entre las acciones a corto plazo podrían mencionarse: la modificación de la Ley de Exploración y Explotación del Oro para estimular la inversión privada, el establecimiento de derechos sólidos y no precarios para ejercer la pequeña minería, e introducir por la vía legal, la obligación al Ejecutivo Nacional de implementar sistemas de información mineros modernos disponibles para el público y la elaboración de un plan de desarrollo minero a largo plazo, dentro del marco de la minería responsable.

Sobre lo antes señalado cabe mencionar que en Venezuela existen iniciativas de parte de la sociedad civil con el objetivo de elaborar propuestas, con los requisitos técnicos, legales, de infraestructura física y organizativa necesarios para lograr el desarrollo de una minería responsable. Si estas iniciativas contaran con el apoyo institucional de la Asamblea Nacional podría facilitarse: a) La obtención de asistencia técnica y financiera de parte de organizaciones internacionales y el intercambio de experiencias de situaciones similares en otros países de Latinoamérica, principalmente lo relacionado con la formalización de la pequeña minería y b) La generación de confianza, para que empresas mineras internacionales se involucren en el desarrollo minero del país, tanto en inversiones, como en aportes de tecnología y organización, con la finalidad de obtener resultados exitosos. A su vez, las propuestas que resulten de estas iniciativas sirven para respaldar la gestión legislativa.

Finalmente, es bueno destacar la importancia de la función contralora de la Asamblea Nacional sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. Particularmente en el caso de la minería, donde la mayoría de las actividades, desde la exploración hasta la explotación, hoy en día, son ejecutadas por empresas estatales, que han venido operando con grandes fallas, entre las cuales cabe mencionar: Ferrominera, Bauxilum, Minerven, Minera Loma de Níquel, Carbones del Guasare, Carbones de la Guajira y la Empresa Venezolana del Cemento. Como mínimo debería investigarse las razones de estas ineficiencias y definir hasta qué punto se han incumplido los estándares que se aplican a nivel internacional, de manera de aplicar correctivos y determinar responsabilidades. Además, dentro de la labor contralora debe agregarse la revisión y seguimiento de los acuerdos establecidos por la Nación con otros países en materia minera. Especialmente los acuerdos firmados el año 2012 con la empresa china Citic Group, para exploración del país y para desarrollar el proyecto aurífero de Las Cristinas, los cuales nunca fueron publicados ni se conoce el estado de su ejecución física y financiera.

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Referencias:

1. DISEÑO CONCEPTUAL DEL MODELO DE SEGUIMIENTO AL NEGOCIO MINERO. Álvaro Ponce Muriel. UPME. Bogotá. D.C.  2010.  https://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=KTZBlD70MMw%3D&tabid=289&mid=1438

2. MARCO BÁSICO PARA UNA MINERÍA RESPONSABLE: UNA GUÍA PARA LA MEJORA DE ESTÁNDARES. Marta Miranda, David Chambers, Catherine Coumans. 2005. https://www.frameworkforresponsiblemining.org/pubs/Framework_ES_20060601.pdf