PDVSA EN EL NEGOCIO DEL ORO EN VENEZUELA
Agosto, 2014
La incorporación de PDVSA a la industria minera ha venido ocurriendo después de la promulgación del Decreto 8.413 que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, en agosto de 2011. En septiembre de 2011 el Ejecutivo ordena a PDVSA participar en la actividad minera junto con la CVG y MINERVEN. El 28 de diciembre de 2012 se dicta la Resolución mediante la cual se delimita el área geográfica en la cual PDVSA realizará las actividades previstas en el Decreto antes citado. En enero de 2013 se crea la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la cual queda adscrita a PDVSA a través de PDVSA Industrial. En febrero del mismo año, se formaliza, según Decreto 9.368, la transferencia a PDVSA del derecho a desarrollar las actividades de exploración y explotación del oro y posteriormente, en diciembre del mismo año, se crea la Empresa Nacional Aurífera, S.A. (ENA) , adscrita a PDVSA Industrial a través de la CVM, con el objetivo de realizar las actividades relacionadas con el aprovechamiento de yacimientos auríferos. Finalmente, en diciembre de 2013, según Informe Financiero de PDVSA 2013 (p. 37), en una operación que debería explicarse suficientemente a la nación para despejar cualquier duda, PDVSA vendió al BCV el 40% de su participación en la ENA por un monto de US$ 12 mil millones, cuyos activos, conformados casi exclusivamente por reservas de mineral aurífero, habían sido previamente valorados en US$ 30 mil millones y utilizados como determinante del precio de venta de las acciones.
Si PDVSA realmente pretende tener éxito en el campo de la minería, los pasos siguientes deberían estar orientados, en primer lugar, al análisis de la política minera y la revisión de los factores que inciden sobre el desempeño de la actividad minera en Venezuela con el objeto de crear confianza, atraer inversiones y mejorar la eficiencia en general (ver Editorial de El Observador Minero sobre Encuesta del Instituto Fraser). Estas acciones deberían incluir el establecimiento de códigos, como los que existen a nivel internacional (ver CRIRSCO), para la valoración de activos mineros, de manera que los inversores conozcan, entre otras cosas, los riesgos envueltos y las negociaciones se realicen con la debida transparencia; y en segundo lugar, definir las acciones a emprender en las áreas auríferas asignadas.
Estas áreas corresponden a dos sectores diferentes dentro del Estado Bolívar. Uno, de cerca de 29 mil ha, ubicado dentro del distrito aurífero de El Callao, (bloques Guasipati - El Callao y El Callao), y el otro, de unas 7 mil ha, ubicado en el Kilómetro 88, conformado por el bloque Sifontes Sur, el cual contiene las concesiones Cristina (4, 5, 6 y 7) y la concesión Brisas del Cuyuni.
En el caso del bloque Sifontes Sur, si se aprovecharan los proyectos elaborados por las empresas CRYSTALEX y GOLD RESERVE, que estaban adelantados a nivel de ingeniería de detalle, listos para iniciar la fase de construcción, podría haber un arranque de inmediato. O mejor aún, ejecutar el proyecto combinado, propuesto en alguna oportunidad por GOLD RESERVE, mediante el cual se aprovecharían más eficientemente las reservas del yacimiento completo. Por supuesto, todo esto implica la tarea de resolver los conflictos pendientes con las empresas que invirtieron sumas importantes para evaluar las reservas y elaboraron los proyectos, lo cual, además, sería lo justo y podría ahorrarle a la nación altas penalidades por arbitrajes. Hay que hacer notar que, de acuerdo a la Ley, esas empresas asumieron el riesgo e hicieron las labores de prospección para evaluar las reservas, que en este momento están siendo utilizadas para valorizar los activos de la ENA.
Con respecto al distrito aurífero de El Callao, habría dos tipos de acciones a emprender. Una relacionada con la contraloría y reorganización de la empresa MINERVEN, la cual se encuentra actualmente en una grave situación por problemas administrativos y operativos, para llevarla a niveles adecuados de eficiencia. La otra tiene que ver con la implementación de un programa exploratorio para aumentar reservas y/o formular nuevos proyectos. En este caso, hay que tener en cuenta que, a diferencia de depósitos minerales sedimentarios, los cuales son relativamente predecibles en su continuidad y calidad, existen yacimientos de vetas de cuarzo aurífero de origen hidrotermal, sumamente irregulares en cuanto a su conformación y contenido de oro. Estas características implican que para tener cifras de relativa confiabilidad en esta zona, las investigaciones geológicas deben ser muy detalladas, tanto en las escalas de los mapas como en los métodos de estudio y de análisis utilizados.
Por último es oportuno comentar que en el país existe amplia capacidad técnica y profesional, así como también equipos mecánicos y laboratorios, además de instituciones académicas, empresas consultoras y operadoras, que pueden contribuir en la formulación e implementación de políticas públicas efectivas y elaboración de planes para el sector minero, así como, diversas actividades, desde estudios de evaluación de reservas hasta labores de explotación, pasando por la formulación, evaluación y diseño de proyectos. Estas fortalezas, no están siendo aprovechadas por el Ejecutivo ni PDVSA para lograr una minería eficiente y responsable, acorde con los avances tecnológicos. En tal sentido, deben emprenderse acciones efectivas para lograr la participación nacional (tanto del Ejecutivo como de sectores calificados de la sociedad civil) en un cambio de visión política y estratégica de la minería nacional que, entre otros, incluya aspectos gremiales, como el acatamiento de las respectivas leyes de ejercicio profesional.